Para ejecutar obras de infraestructura…
Aprueba Congreso
Gestión de crédito
Por: Staff El Cuerudo de Tamaulipas/ Ing. Sergio Coronado La Cajeta Política de Tamaulipas.
Con 27 votos a favor y 5 en contra, el Congreso del Estado aprobó el proyecto mediante el cual se autoriza al Gobierno de Tamaulipas a gestionar y contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, uno o varios financiamientos por un monto de 390 millones 240 mil 480 pesos, con el objetivo de solventar el costo de infraestructura que permita solucionar oportunamente problemas relacionados con la prestación de servicios a la comunidad, informó la diputada Griselda Dávila Beaz.
La legisladora por el décimo tercer distrito señaló que esta iniciativa presentada por parte del Ejecutivo Estatal Ing. Egidio Torre Cantú, permitirá la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios públicos que servirán para mejorar las condiciones de vida de las familias de diversos municipios.
Destacó que con el apoyo de convenios con el gobierno federal se podrán establecer trabajos de infraestructura que traerán beneficios directos a la entidad, como lo son los programas de: agua potable, alcantarillado y saneamiento de zonas urbanas (APAZU); construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS); tratamiento de aguas residuales (PROTAR); drenaje pluvial; para el desarrollo turístico; infraestructura educativa media superior e implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Dávila Beaz añadió que con este recurso se favorecerá a más de 26 municipios de la entidad, entre los que se encuentran Burgos, San Carlos, Hidalgo, Abasolo, Soto La Marina y San Fernando pertenecientes al distrito 13, los cuales se verán favorecidos con la aplicación de presupuesto para efectuar acciones importantes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes e impulsen el desarrollo comunitario en Tamaulipas, subrayó.
Puntualizó que conforme a la autorización que se solicita, el Gobierno del Estado asumiría la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se pacten mediante la afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, asimismo, se plantea que los mencionados financiamientos deberán amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta quince años, contados a partir de que se ejerza la primera disposición de cada uno de los mismos.
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